El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha desestimado la solicitud de una cajera de supermercado de 39 años que pedía una pensión por incapacidad permanente. Según la sentencia nº 749/2025 (recurso 41/2025), la trabajadora no presenta una limitación funcional suficientemente grave como para impedirle el desempeño de su profesión ni de cualquier otra actividad laboral.
La demandante alegaba padecer crisis psicógenas no epilépticas y un historial de trastorno ansioso-depresivo desde 2017, por el cual estaba en seguimiento con los servicios de salud mental. En base a ello, solicitaba una incapacidad permanente absoluta, que le habría permitido cobrar una pensión equivalente al 100 % de su base reguladora (787,89 €), o en su defecto, una incapacidad permanente total para su ocupación habitual como cajera.
No hay merma funcional suficiente
Tanto el Juzgado de lo Social nº 5 de Oviedo como el TSJ concluyeron que la mujer no presenta una disminución objetiva, permanente y relevante de su capacidad laboral. De hecho, la resolución señala que la trabajadora realiza tareas del hogar, cuida menores, mantiene relaciones sociales y participa en actividades que requieren concentración, como la lectura. Además, fue dada de alta por neurología en marzo de 2023, sin necesidad de tratamiento ni seguimiento clínico.
Los magistrados subrayan que la existencia de un diagnóstico médico no basta para justificar una pensión, siendo necesario que se evidencie una afectación funcional grave que impida el desarrollo de las tareas propias del puesto de trabajo.
Rechazo de ambas solicitudes
El tribunal descarta tanto la incapacidad permanente absoluta como la total, y avala por completo la sentencia dictada en primera instancia. Aunque la demandante aún puede recurrir en casación para unificación de doctrina, el margen de éxito es limitado según el criterio consolidado por los tribunales en este tipo de casos.
Este fallo refleja la postura cada vez más exigente de la justicia ante solicitudes de incapacidad laboral, especialmente cuando se trata de patologías psiquiátricas de evolución crónica o estable, donde se requiere una demostración sólida de la afectación funcional real en el entorno laboral.
Fuente: Noticias Poder Judicial