El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Roquetas de Mar (Almería) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de una mujer investigada por la presunta comisión de delitos continuados de maltrato animal, estafa y falsedad documental.
La investigada ya había sido detenida en el mes de enero de 2025, momento en el que el órgano judicial adoptó como medida cautelar la prohibición de realizar cualquier actividad relacionada con la tenencia, cría y comercio de animales. No obstante, dicha prohibición fue quebrantada, motivo por el cual fue nuevamente detenida el pasado 16 de junio.
En esta segunda ocasión, y tras constatar que la investigada persistía en el comercio ilícito de animales de compañía, el juez instructor ha ordenado su ingreso en prisión ante el riesgo de reiteración delictiva y el incumplimiento reiterado de mandatos judiciales. La actividad delictiva se llevaba a cabo mediante la utilización fraudulenta de nombres ficticios y el uso de redes sociales, presentándose como representante de supuestas asociaciones protectoras de animales.
El auto judicial destaca que la investigada ha demostrado una «absoluta impudicia» y «descaro» en relación con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, señalando expresamente que no resulta efectiva ninguna medida cuya ejecución dependa de su buena voluntad. Se invoca así el principio de necesidad y proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares personales más intensas, en aras de garantizar la eficacia del proceso penal y la protección del interés público.
Según el relato fáctico recogido en la resolución, la mujer habría estafado a un elevado número de personas que, de buena fe, creyeron estar colaborando en el rescate y cuidado de animales, llegando incluso a realizar transferencias económicas con la finalidad de sufragar gastos veterinarios y desplazarse desde otras provincias para recoger a los animales.
No obstante, la investigación ha revelado que los animales eran mantenidos en condiciones higiénico-sanitarias deplorables, en grave vulneración de la normativa sobre protección y bienestar animal, en un inmueble carente de control veterinario, y que presentaban enfermedades infectocontagiosas como el parvovirus. Al menos en nueve casos, los animales fallecieron poco después de ser entregados a sus adoptantes.
El juez concluye que la investigada ha hecho caso omiso a las restricciones judiciales, llegando incluso a emplear el nombre de terceras personas para ocultar su identidad y proseguir con su actividad ilícita. En palabras del magistrado, las órdenes judiciales no han supuesto para ella más que “pronunciamientos vacíos de contenido”, razón por la cual se hace imprescindible la adopción de medidas coercitivas privativas de libertad para salvaguardar los fines del proceso.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la tutela judicial efectiva frente a delitos que, además de vulnerar el orden jurídico, afectan directamente al bienestar animal y a la confianza de la ciudadanía en las instituciones de protección.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial – Noticias Judiciales